La auténtica memoria histórica debería también incluir el papel del PSOE en la génesis de la Guerra Civil, porque el guerracivilismo en el partido socialista durante la Segunda República española fue un proceso de distanciamiento de la democracia que se aceleró tras el desencanto del reformismo del primer bienio y la victoria de la derecha en las urnas en 1933. Este proceso convirtió al principal partido de la izquierda en uno de los actores determinantes en la quiebra de la convivencia que desembocó en el conflicto de 1936.
Advertimos aquí una cuestión vital: los historiadores no coinciden en esta cuestión. Unos consideran que una parte de los socialistas, los que seguían a Largo Caballero, mantenían un guerracivilismo retórico, no práctico, para aunar fuerzas y hacer la revolución. Otros piensan que, para hacer esa revolución, el sector caballerista quiso el poder a toda costa, incluido el boicoteo de la República, el hundimiento de los republicanos de izquierdas y, por supuesto, la guerra civil. Esta interpretación se apoya en el ejemplo de la revolución de 1934 y los discursos y la actividad de un PSOE roto y bolchevizado, que ya en 1936 trabajó en la ruptura con los republicanos de izquierdas y en la inestabilidad institucional para recoger el poder del caos. Incluso hay quien dice que los socialistas deseaban que hubiera un golpe militar pequeño, controlable como el de Sanjurjo en 1932, para salir reforzados, tomar el Gobierno y hacer la revolución. Algunos dirán que hay que contextualizar con la Europa de su tiempo. Cierto, pero el PSOE no quiso imitar al Partido Laborista británico ni a la socialdemocracia sueca, ambos en países monárquicos y capitalistas, sino a los bolcheviques. Sin duda, un tema apasionante.
Al inicio de la República, el PSOE participaba de una estrategia de colaboración con los republicanos de izquierda, a los que veía como la burguesía progresista necesaria para modernizar España. Sin embargo, esta coalición ya contenía las semillas de su propia discordia. Dentro del partido socialista existían en aquel entonces hasta tres corrientes: la liberal-humanista de Fernando de los Ríos, la centrista-posibilista de Indalecio Prieto y la marxista-revolucionaria que empezaría a aglutinarse en torno a Francisco Largo Caballero.
El giro bolchevique en el PSOE comenzó a gestarse bajo la presión de la conflictividad social y el desgaste del primer bienio. Sucesos como la represión en Casas Viejas (enero de 1933) desprestigiaron al Gobierno de Azaña y provocaron una profunda tribulación en las filas socialistas. Aunque el PSOE inicialmente mantuvo su lealtad, dentro del partido la facción encabezada por Largo Caballero empezó a cuestionar la utilidad de la «democracia burguesa».
Ya en el XII Congreso, celebrado en 1932, Largo Caballero había advertido que el partido no era reformista y que siempre había «roto la legalidad —dijo— cuando ha convenido a nuestras ideas». Sin embargo, fue en 1933 cuando esta retórica pasó de la teoría a la estrategia política activa debido al sabotaje patronal a las reformas laborales y agrarias del Ministerio de Trabajo que dirigía Largo Caballero.
El viraje ideológico de Largo Caballero se manifestó con claridad en tres hitos oratorios durante el verano de 1933. En el discurso de Ginebra, en junio, ante un foro internacional, el entonces ministro de Trabajo defendió un Estado republicano de «poder absoluto» y cuestionó la libertad de enseñanza si servía para socavar al Estado, parafraseando el «¿Libertad para qué?» de Lenin. En julio de 1933, en el mitin celebrado en el cine Pardiñas, Largo Caballero proclamó que el objetivo era la conquista del poder, advirtiendo que, si no se permitía por la vía legal y constitucional, dijo, «tendremos que conquistarlo de otra manera». Por último, en agosto de 1933, en la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas aseguró que saldría del gobierno «mucho más rojo» de lo que entró y defendió abiertamente la inevitabilidad de la dictadura del proletariado en España porque estaba convencido, aseguró, «de que realizar una obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible».
Este proceso de bolchevización también fue impulsado por la influencia del ejemplo soviético y la competición entre totalitarismos en Europa. Lo corriente entonces era sostener que la democracia liberal era una «dictadura burguesa», a la que había que superar con una dictadura proletaria.
La caída del Gobierno de Azaña y la formación del gabinete de Alejandro Lerroux en septiembre de 1933 fueron interpretadas por el PSOE como una traición y una provocación. Largo Caballero convenció a la Comisión Ejecutiva del PSOE, reunida el 11 de septiembre, para romper con los republicanos. El Comité Nacional lo ratificó el 19 de septiembre y eligieron a Indalecio Prieto, otrora heraldo de la coalición, para que lo comunicara en las Cortes. Así lo hizo el 2 de octubre de 1933, diciendo que los compromisos con los republicanos «para instaurar y consolidar la República» quedaban cancelados y que el PSOE recobraba su plena libertad.
Durante la campaña electoral de noviembre de 1933, el giro se consumó en una retórica abiertamente insurreccional. Largo Caballero, aclamado ya como el «Lenin español», denunció los «errores» de la República, como el haber sido un movimiento pacífico y legalista. En sus mítines, afirmó que la lucha de clases era ya una «guerra civil» que aún no había tomado caracteres cruentos, pero que lo haría inexorablemente. Llegó a sostener que la burguesía no aceptaría una expropiación legal y que habría que recurrir a la violencia. Y explicó que los socialistas buscaban el poder absoluto para el partido con el fin de realizar la obra socialista a través de la «dictadura del proletariado». Esto convirtió al PSOE, el principal partido de la izquierda, en una fuerza que ya consideraba la insurrección armada como un horizonte legítimo y próximo.
Este giro no fue unánime. Julián Besteiro, desde una posición marxista ortodoxa pero democrática, se opuso frontalmente a lo que llamó la «peste» de la locura dictatorial. Besteiro advirtió a las Juventudes Socialistas de que la revolución no debía ser un episodio sangriento ni una imitación del modelo soviético, defendiendo que la democracia era el único marco fecundo para el socialismo. Sin embargo, Besteiro había rechazado formar Gobierno en junio de 1933, con el ofrecimiento de Alcalá-Zamora, el presidente de la República. La justificación de Besteiro, que era presidente de las Cortes, fue que no era partidario de que el PSOE participase en el poder de un régimen burgués. Pensaba que los partidos republicanos debían formar Gobierno, dejando «libre» al PSOE. Fue así que ni Prieto ni Besteiro dieron la batalla dentro del Partido Socialista para evitar su bolchevización y el camino a la revolución violenta, es decir, a la confrontación armada.
El punto de no retorno para el PSOE fue la victoria del centroderecha en la primera vuelta de las elecciones de noviembre de 1933. Su primera reacción fue deslegitimar los resultados y planificar una estrategia insurreccional.
Juan Negrín, actuando como representante del grupo parlamentario socialista, visitó a Alcalá-Zamora para aconsejarle que no atendiera a la victoria de las derechas y que ordenara la formación de un Gobierno de izquierdas con mandato de disolución de las Cortes, aplazando las nuevas elecciones hasta que se elaborara una ley electoral que asegurara el triunfo de la izquierda. Durante ese ínterin, se propuso que el presidente gobernara mediante decretos, suspendiendo las sesiones parlamentarias. Esta postura coincidía con la de Manuel Azaña y Casares Quiroga, quienes también solicitaron por carta la anulación de las elecciones y la convocatoria de unas nuevas bajo un gabinete de izquierdas, alegando que el resultado no reflejaba la «voluntad general».
Ante la inminencia de la segunda vuelta electoral, fijada para el 3 de diciembre, la Comisión Ejecutiva del PSOE se reunió el 22 de noviembre para definir su táctica electoral. Se autorizó a las organizaciones provinciales a establecer alianzas locales con sectores republicanos para evitar el triunfo de la derecha, pero se impuso un veto absoluto a cualquier pacto con el Partido Radical de Lerroux.
La derrota electoral exacerbó el sentimiento de frustración en el partido, consolidando la idea de que la «democracia burguesa» era un sistema agotado. En las reuniones internas del PSOE y la UGT celebradas a finales de noviembre, Largo Caballero defendió que el compromiso de la organización debía ser la realización de un movimiento revolucionario para impedir el establecimiento de un «régimen fascista». Este proceso de bolchevización y el abandono de la vía parlamentaria marcaron el inicio del camino hacia lo que el partido denominaría la «ofensiva socialista».
El PSOE dedicó 1934 a preparar una revolución. Lo primero que hizo fue una bolchevización interna, depurando a los reformistas de Besteiro y afirmando que el objetivo final era la dictadura del proletariado. Con el partido convenientemente purgado, las Juventudes Socialistas organizaron milicias para sostener el futuro régimen de su partido. Luego, el PSOE se integró en Alianzas Obreras, que resultaron un adelanto del Frente Popular. Por último, a través de medios como la revista Leviatán, dirigida por Luis Araquistáin, y el semanario Claridad, caballerista, se difundió la idea revolucionaria contra la República burguesa.
La excusa para la insurrección fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux el 4 de octubre de 1934. Los socialistas dijeron que España iba de cabeza al fascismo, pero en realidad querían dar un golpe de Estado para recuperar el Gobierno por la fuerza y quedarse con la República como su régimen exclusivo.
Tras el fracaso, el PSOE sufrió una lógica represión, con 30.000 encarcelados y la clausura de sus sedes y prensa. Largo Caballero fue procesado por rebelión militar, pero cobardemente alegó que sus discursos eran figuras retóricas y que nunca dio órdenes para la violencia.
El fiasco de octubre de 1934 no moderó al partido, sino que profundizó su bolchevización, especialmente entre las Juventudes Socialistas. El partido quedó en manos de Largo Caballero, mientras que Indalecio Prieto intentaba mantener una posición centrista que permitiera volver a la alianza con los republicanos.
Esta fractura no era meramente retórica. En Madrid, los ataques de la prensa oficial del partido, El Socialista (controlada por los prietistas) y el semanario Claridad (del sector caballerista), eran constantes. La tensión llegó a la agresión, como cuando Luis Araquistáin, director de Claridad, propinó un bofetón en público a Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, durante la elección de Azaña como presidente. En las calles, los mítines de un sector eran hostilizados por los partidarios del otro, llegándose incluso al intercambio de disparos, como ocurrió en el mitin de Écija en mayo de 1936.
La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 no trajo la calma. Por el contrario, se inició un proceso de erosión constante de la democracia que duró cinco meses. El gobierno republicano de Casares Quiroga adoptó una política de «dejar hacer» ante los desmanes de los revolucionarios, permitiendo huelgas salvajes, incautaciones ilegales de tierras e incendios de iglesias.
El PSOE caballerista no tenía interés en la vida política normal ni en una república democrática para todos; su proyecto era una república exclusivamente suya. Largo Caballero se negó a participar con los republicanos de izquierda, no quiso que el PSOE entrara en el Gobierno y que, cuando este se desgastara, llegara al poder. Además, Luis Araquistáin diseñó lo que más tarde se conocería como una «maniobra de gran estilo» para destruir la República burguesa. Según confesó Araquistáin en el exilio, el plan consistió en «empujar» a Azaña a la presidencia de la República para inutilizarlo y vetar a Prieto como jefe de gobierno, dejando el país en manos de un ejecutivo débil incapaz de frenar a las masas, lo que precipitaría el paso a un Gobierno francamente revolucionario. Solo así se pasaría, decían los caballeristas, de la dictadura burguesa a la dictadura proletaria para el socialismo.
A pesar de las crecientes pruebas de una conspiración, Largo Caballero mostró un exceso de confianza o desdén hacia el peligro militar. Tachó de «cuentos de miedo» las advertencias de Prieto sobre el golpe. En junio de 1936 afirmó que, si los militares daban un golpe, la producción seguiría en manos obreras y los rebeldes no podrían gobernar. Historiadores como Stanley Payne sostienen que el sector caballerista deseaba una reacción militar débil para, tras aplastarla con facilidad, como la de Sanjurjo, tener la excusa necesaria para tomar el poder total por la vía revolucionaria.
Cuando comenzó la sublevación, su prioridad inicial no fue salvar la legalidad republicana, sino exigir el armamento de los sindicatos para ir a la guerra. Es más: Largo Caballero se opuso al intento de Martínez Barrio de formar un Gobierno de concentración nacional la madrugada del 19 de julio para negociar con los sublevados, amenazando con desencadenar la revolución social si no se entregaban armas al pueblo. Así, mientras se resolvía la crisis política, militares socialistas de la Unión Militar Republicana Antifascista, vinculados al sector caballerista, comenzaron a ocupar puestos clave en los ministerios de Guerra y Gobernación para facilitar el reparto de armas a sus milicias y asegurar la guerra.
El guerracivilismo en el PSOE hasta 1936 se manifestó en el abandono sistemático de la vía parlamentaria en favor de una estrategia de desgaste de la República y en la polarización política y social. Al desatender los principios de la democracia para abrazar el totalitarismo y la revolución, la izquierda socialista destruyó los cimientos de la Segunda República desde dentro.
La paradoja es que, mientras los líderes del PSOE pensaban que estaban provocando una reacción militar débil que podrían aplastar fácilmente para tomar el poder total, en realidad estaban allanando el camino para un golpe de Estado mucho más potente y violento de lo que jamás imaginaron. El precio de haber sustituido la política por las armas fue una guerra civil de tres años y una dictadura de cuatro décadas.
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La auténtica memoria histórica debería también incluir el papel del PSOE en la génesis de la Guerra Civil, porque el guerracivilismo en el partido socialista durante
La auténtica memoria histórica debería también incluir el papel del PSOE en la génesis de la Guerra Civil, porque el guerracivilismo en el partido socialista durante la Segunda República española fue un proceso de distanciamiento de la democracia que se aceleró tras el desencanto del reformismo del primer bienio y la victoria de la derecha en las urnas en 1933. Este proceso convirtió al principal partido de la izquierda en uno de los actores determinantes en la quiebra de la convivencia que desembocó en el conflicto de 1936.
Advertimos aquí una cuestión vital: los historiadores no coinciden en esta cuestión. Unos consideran que una parte de los socialistas, los que seguían a Largo Caballero, mantenían un guerracivilismo retórico, no práctico, para aunar fuerzas y hacer la revolución. Otros piensan que, para hacer esa revolución, el sector caballerista quiso el poder a toda costa, incluido el boicoteo de la República, el hundimiento de los republicanos de izquierdas y, por supuesto, la guerra civil. Esta interpretación se apoya en el ejemplo de la revolución de 1934 y los discursos y la actividad de un PSOE roto y bolchevizado, que ya en 1936 trabajó en la ruptura con los republicanos de izquierdas y en la inestabilidad institucional para recoger el poder del caos. Incluso hay quien dice que los socialistas deseaban que hubiera un golpe militar pequeño, controlable como el de Sanjurjo en 1932, para salir reforzados, tomar el Gobierno y hacer la revolución. Algunos dirán que hay que contextualizar con la Europa de su tiempo. Cierto, pero el PSOE no quiso imitar al Partido Laborista británico ni a la socialdemocracia sueca, ambos en países monárquicos y capitalistas, sino a los bolcheviques. Sin duda, un tema apasionante.
Al inicio de la República, el PSOE participaba de una estrategia de colaboración con los republicanos de izquierda, a los que veía como la burguesía progresista necesaria para modernizar España. Sin embargo, esta coalición ya contenía las semillas de su propia discordia. Dentro del partido socialista existían en aquel entonces hasta tres corrientes: la liberal-humanista de Fernando de los Ríos, la centrista-posibilista de Indalecio Prieto y la marxista-revolucionaria que empezaría a aglutinarse en torno a Francisco Largo Caballero.
El giro bolchevique en el PSOE comenzó a gestarse bajo la presión de la conflictividad social y el desgaste del primer bienio. Sucesos como la represión en Casas Viejas (enero de 1933) desprestigiaron al Gobierno de Azaña y provocaron una profunda tribulación en las filas socialistas. Aunque el PSOE inicialmente mantuvo su lealtad, dentro del partido la facción encabezada por Largo Caballero empezó a cuestionar la utilidad de la «democracia burguesa».
Ya en el XII Congreso, celebrado en 1932, Largo Caballero había advertido que el partido no era reformista y que siempre había «roto la legalidad —dijo— cuando ha convenido a nuestras ideas». Sin embargo, fue en 1933 cuando esta retórica pasó de la teoría a la estrategia política activa debido al sabotaje patronal a las reformas laborales y agrarias del Ministerio de Trabajo que dirigía Largo Caballero.
El viraje ideológico de Largo Caballero se manifestó con claridad en tres hitos oratorios durante el verano de 1933. En el discurso de Ginebra, en junio, ante un foro internacional, el entonces ministro de Trabajo defendió un Estado republicano de «poder absoluto» y cuestionó la libertad de enseñanza si servía para socavar al Estado, parafraseando el «¿Libertad para qué?» de Lenin. En julio de 1933, en el mitin celebrado en el cine Pardiñas, Largo Caballero proclamó que el objetivo era la conquista del poder, advirtiendo que, si no se permitía por la vía legal y constitucional, dijo, «tendremos que conquistarlo de otra manera». Por último, en agosto de 1933, en la Escuela de Verano de las Juventudes Socialistas aseguró que saldría del gobierno «mucho más rojo» de lo que entró y defendió abiertamente la inevitabilidad de la dictadura del proletariado en España porque estaba convencido, aseguró, «de que realizar una obra socialista dentro de una democracia burguesa es imposible».
Este proceso de bolchevización también fue impulsado por la influencia del ejemplo soviético y la competición entre totalitarismos en Europa. Lo corriente entonces era sostener que la democracia liberal era una «dictadura burguesa», a la que había que superar con una dictadura proletaria.
La caída del Gobierno de Azaña y la formación del gabinete de Alejandro Lerroux en septiembre de 1933 fueron interpretadas por el PSOE como una traición y una provocación. Largo Caballero convenció a la Comisión Ejecutiva del PSOE, reunida el 11 de septiembre, para romper con los republicanos. El Comité Nacional lo ratificó el 19 de septiembre y eligieron a Indalecio Prieto, otrora heraldo de la coalición, para que lo comunicara en las Cortes. Así lo hizo el 2 de octubre de 1933, diciendo que los compromisos con los republicanos «para instaurar y consolidar la República» quedaban cancelados y que el PSOE recobraba su plena libertad.
Durante la campaña electoral de noviembre de 1933, el giro se consumó en una retórica abiertamente insurreccional. Largo Caballero, aclamado ya como el «Lenin español», denunció los «errores» de la República, como el haber sido un movimiento pacífico y legalista. En sus mítines, afirmó que la lucha de clases era ya una «guerra civil» que aún no había tomado caracteres cruentos, pero que lo haría inexorablemente. Llegó a sostener que la burguesía no aceptaría una expropiación legal y que habría que recurrir a la violencia. Y explicó que los socialistas buscaban el poder absoluto para el partido con el fin de realizar la obra socialista a través de la «dictadura del proletariado». Esto convirtió al PSOE, el principal partido de la izquierda, en una fuerza que ya consideraba la insurrección armada como un horizonte legítimo y próximo.
Este giro no fue unánime. Julián Besteiro, desde una posición marxista ortodoxa pero democrática, se opuso frontalmente a lo que llamó la «peste» de la locura dictatorial. Besteiro advirtió a las Juventudes Socialistas de que la revolución no debía ser un episodio sangriento ni una imitación del modelo soviético, defendiendo que la democracia era el único marco fecundo para el socialismo. Sin embargo, Besteiro había rechazado formar Gobierno en junio de 1933, con el ofrecimiento de Alcalá-Zamora, el presidente de la República. La justificación de Besteiro, que era presidente de las Cortes, fue que no era partidario de que el PSOE participase en el poder de un régimen burgués. Pensaba que los partidos republicanos debían formar Gobierno, dejando «libre» al PSOE. Fue así que ni Prieto ni Besteiro dieron la batalla dentro del Partido Socialista para evitar su bolchevización y el camino a la revolución violenta, es decir, a la confrontación armada.
El punto de no retorno para el PSOE fue la victoria del centroderecha en la primera vuelta de las elecciones de noviembre de 1933. Su primera reacción fue deslegitimar los resultados y planificar una estrategia insurreccional.
Juan Negrín, actuando como representante del grupo parlamentario socialista, visitó a Alcalá-Zamora para aconsejarle que no atendiera a la victoria de las derechas y que ordenara la formación de un Gobierno de izquierdas con mandato de disolución de las Cortes, aplazando las nuevas elecciones hasta que se elaborara una ley electoral que asegurara el triunfo de la izquierda. Durante ese ínterin, se propuso que el presidente gobernara mediante decretos, suspendiendo las sesiones parlamentarias. Esta postura coincidía con la de Manuel Azaña y Casares Quiroga, quienes también solicitaron por carta la anulación de las elecciones y la convocatoria de unas nuevas bajo un gabinete de izquierdas, alegando que el resultado no reflejaba la «voluntad general».
Ante la inminencia de la segunda vuelta electoral, fijada para el 3 de diciembre, la Comisión Ejecutiva del PSOE se reunió el 22 de noviembre para definir su táctica electoral. Se autorizó a las organizaciones provinciales a establecer alianzas locales con sectores republicanos para evitar el triunfo de la derecha, pero se impuso un veto absoluto a cualquier pacto con el Partido Radical de Lerroux.
La derrota electoral exacerbó el sentimiento de frustración en el partido, consolidando la idea de que la «democracia burguesa» era un sistema agotado. En las reuniones internas del PSOE y la UGT celebradas a finales de noviembre, Largo Caballero defendió que el compromiso de la organización debía ser la realización de un movimiento revolucionario para impedir el establecimiento de un «régimen fascista». Este proceso de bolchevización y el abandono de la vía parlamentaria marcaron el inicio del camino hacia lo que el partido denominaría la «ofensiva socialista».
El PSOE dedicó 1934 a preparar una revolución. Lo primero que hizo fue una bolchevización interna, depurando a los reformistas de Besteiro y afirmando que el objetivo final era la dictadura del proletariado. Con el partido convenientemente purgado, las Juventudes Socialistas organizaron milicias para sostener el futuro régimen de su partido. Luego, el PSOE se integró en Alianzas Obreras, que resultaron un adelanto del Frente Popular. Por último, a través de medios como la revista Leviatán, dirigida por Luis Araquistáin, y el semanario Claridad, caballerista, se difundió la idea revolucionaria contra la República burguesa.
La excusa para la insurrección fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux el 4 de octubre de 1934. Los socialistas dijeron que España iba de cabeza al fascismo, pero en realidad querían dar un golpe de Estado para recuperar el Gobierno por la fuerza y quedarse con la República como su régimen exclusivo.
Tras el fracaso, el PSOE sufrió una lógica represión, con 30.000 encarcelados y la clausura de sus sedes y prensa. Largo Caballero fue procesado por rebelión militar, pero cobardemente alegó que sus discursos eran figuras retóricas y que nunca dio órdenes para la violencia.
El fiasco de octubre de 1934 no moderó al partido, sino que profundizó su bolchevización, especialmente entre las Juventudes Socialistas. El partido quedó en manos de Largo Caballero, mientras que Indalecio Prieto intentaba mantener una posición centrista que permitiera volver a la alianza con los republicanos.
Esta fractura no era meramente retórica. En Madrid, los ataques de la prensa oficial del partido, El Socialista (controlada por los prietistas) y el semanario Claridad (del sector caballerista), eran constantes. La tensión llegó a la agresión, como cuando Luis Araquistáin, director de Claridad, propinó un bofetón en público a Julián Zugazagoitia, director de El Socialista, durante la elección de Azaña como presidente. En las calles, los mítines de un sector eran hostilizados por los partidarios del otro, llegándose incluso al intercambio de disparos, como ocurrió en el mitin de Écija en mayo de 1936.
La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 no trajo la calma. Por el contrario, se inició un proceso de erosión constante de la democracia que duró cinco meses. El gobierno republicano de Casares Quiroga adoptó una política de «dejar hacer» ante los desmanes de los revolucionarios, permitiendo huelgas salvajes, incautaciones ilegales de tierras e incendios de iglesias.
El PSOE caballerista no tenía interés en la vida política normal ni en una república democrática para todos; su proyecto era una república exclusivamente suya. Largo Caballero se negó a participar con los republicanos de izquierda, no quiso que el PSOE entrara en el Gobierno y que, cuando este se desgastara, llegara al poder. Además, Luis Araquistáin diseñó lo que más tarde se conocería como una «maniobra de gran estilo» para destruir la República burguesa. Según confesó Araquistáin en el exilio, el plan consistió en «empujar» a Azaña a la presidencia de la República para inutilizarlo y vetar a Prieto como jefe de gobierno, dejando el país en manos de un ejecutivo débil incapaz de frenar a las masas, lo que precipitaría el paso a un Gobierno francamente revolucionario. Solo así se pasaría, decían los caballeristas, de la dictadura burguesa a la dictadura proletaria para el socialismo.
A pesar de las crecientes pruebas de una conspiración, Largo Caballero mostró un exceso de confianza o desdén hacia el peligro militar. Tachó de «cuentos de miedo» las advertencias de Prieto sobre el golpe. En junio de 1936 afirmó que, si los militares daban un golpe, la producción seguiría en manos obreras y los rebeldes no podrían gobernar. Historiadores como Stanley Payne sostienen que el sector caballerista deseaba una reacción militar débil para, tras aplastarla con facilidad, como la de Sanjurjo, tener la excusa necesaria para tomar el poder total por la vía revolucionaria.
Cuando comenzó la sublevación, su prioridad inicial no fue salvar la legalidad republicana, sino exigir el armamento de los sindicatos para ir a la guerra. Es más: Largo Caballero se opuso al intento de Martínez Barrio de formar un Gobierno de concentración nacional la madrugada del 19 de julio para negociar con los sublevados, amenazando con desencadenar la revolución social si no se entregaban armas al pueblo. Así, mientras se resolvía la crisis política, militares socialistas de la Unión Militar Republicana Antifascista, vinculados al sector caballerista, comenzaron a ocupar puestos clave en los ministerios de Guerra y Gobernación para facilitar el reparto de armas a sus milicias y asegurar la guerra.
El guerracivilismo en el PSOE hasta 1936 se manifestó en el abandono sistemático de la vía parlamentaria en favor de una estrategia de desgaste de la República y en la polarización política y social. Al desatender los principios de la democracia para abrazar el totalitarismo y la revolución, la izquierda socialista destruyó los cimientos de la Segunda República desde dentro.
La paradoja es que, mientras los líderes del PSOE pensaban que estaban provocando una reacción militar débil que podrían aplastar fácilmente para tomar el poder total, en realidad estaban allanando el camino para un golpe de Estado mucho más potente y violento de lo que jamás imaginaron. El precio de haber sustituido la política por las armas fue una guerra civil de tres años y una dictadura de cuatro décadas.
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