El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado esta semana en el Congreso de los Diputados su primera votación con el rechazo de las dos enmiendas de totalidad con las que PP y Vox buscaban tumbar una norma que intenta actualizar la actual ley de 2007, pero que está muy lejos de lograr el consenso parlamentario.
Para su aprobación en el Congreso ha resultado fundamental el apoyo a última hora de Junts per Catalunya, un partido que ha pasado del bloqueo a convertirse en el socio clave que ha permitido desencallar la norma. El partido liderado por Carles Puigdemont facilitó la superación del primer trámite parlamentario al votar en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Lo hizo sacando pecho ante los importantes acuerdos alcanzados en beneficio de la industria y la lengua catalana.
Según ha detallado su portavoz en el Congreso, Josep Maria Cruset, Junts ha dejado una «huella muy potente» en el texto definitivo de la ley. En este sentido, Cruset ha señalado que el catalán contará con una protección específica a través de una reserva de fondos del sistema de apoyo al cine, así como con una mayor cuota de pantalla y medidas para incentivar la exhibición de producciones en catalán en salas comerciales.
Los cines se verán obligados a programar un mínimo del 15% de sus sesiones en catalán (y resto de lenguas oficiales en sus respectivas comunidades) para poder acceder a determinadas ayudas públicas. En cuanto a las subvenciones, se eleva el límite de las ayudas públicas hasta el 80% del coste de producción para aquellas películas que sean rodadas en catalán y se elevan las deducciones fiscales a las que las productoras podrán acceder incluso de forma anticipada durante el rodaje.
El resto de partidos nacionalistas, desde BNG a PNV, han mostrado su satisfacción con la norma, si bien consideran que existen carencias —como la definición de productor independiente— que pueden corregirse mediante enmiendas parciales.
Subvenciones y «películas fantasma»
El Partido Popular justifica su enmienda a la totalidad del texto en la necesidad de crear un proyecto nuevo. La diputada popular Sol Cruz Guzmán reprochó a Urtasun que haya tardado tres años en impulsar la Ley del Cine, además de sugerir que el texto llega al Congreso en un contexto de «escándalos» y «fin de ciclo».
Guzmán defiende la necesidad de impulsar una ley «ambiciosa» para el cine español, al que ha definido como elemento de cohesión cultural del país, tendiendo la mano a los grupos y al propio sector cinematográfico para negociar un texto «desde cero».
Vox va más allá y acusa al ministro Urtasun de presentar una norma «prácticamente idéntica» a la impulsada por el anterior titular de Cultura, Miquel Iceta. El diputado José Ramírez del Río considera que presentarla de nuevo es un «sabotaje al sector». «En 2025 se estrenaron 727 películas españolas, de las que 106 no llegaron a recaudar. Gran parte de esas 106, las llamadas ‘películas fantasma’, no llegaron a recaudar ni 100 euros en taquilla. Solo 28 superaron los 100.000 euros en taquilla, mientras que el Gobierno socialista gastaba 250 millones de euros en subvenciones».
En cuanto a los apoyos de última hora, Vox considera que el proyecto de Urtasun responde a «compromisos políticos adquiridos por el Gobierno con sus socios separatistas, especialmente en materia de promoción lingüística». Ramírez del Río muestra el rechazo de su partido a que las lenguas cooficiales sean utilizadas «como instrumentos de confrontación política o como mecanismo para canalizar recursos públicos hacia proyectos con escasa viabilidad comercial y orientados fundamentalmente a la propaganda ideológica».
Duplicidad institucional
Entre los aspectos más criticados por Vox figura la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un nuevo organismo que asumiría funciones ya desempeñadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
El ministro Urtasun compara las propuestas de la formación de Santiago Abascal con las del presidente argentino Javier Milei, a quien acusa de haber impulsado políticas de recorte y desmantelamiento de instituciones culturales, como el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) argentino.
Urtasun se mostró especialmente crítico con las acusaciones de legislar en una supuesta «cultura de la subvención», defendiendo que las políticas públicas de apoyo al cine existen en toda la Unión Europea. «Cuando uno escucha hablar de una supuesta cultura de la subvención, podría imaginar a un sector dependiente, estancado o incapaz de competir por sí mismo. Pero la realidad que tenemos delante es exactamente la contraria», señaló Urtasun antes de enviar al Senado un proyecto que espera ver convertido en ley antes de que finalice el año.
El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado esta semana en el Congreso de los Diputados su primera votación con el
El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado esta semana en el Congreso de los Diputados su primera votación con el rechazo de las dos enmiendas de totalidad con las que PP y Vox buscaban tumbar una norma que intenta actualizar la actual ley de 2007, pero que está muy lejos de lograr el consenso parlamentario.
Para su aprobación en el Congreso ha resultado fundamental el apoyo a última hora de Junts per Catalunya, un partido que ha pasado del bloqueo a convertirse en el socio clave que ha permitido desencallar la norma. El partido liderado por Carles Puigdemont facilitó la superación del primer trámite parlamentario al votar en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Lo hizo sacando pecho ante los importantes acuerdos alcanzados en beneficio de la industria y la lengua catalana.
Según ha detallado su portavoz en el Congreso, Josep Maria Cruset, Junts ha dejado una «huella muy potente» en el texto definitivo de la ley. En este sentido, Cruset ha señalado que el catalán contará con una protección específica a través de una reserva de fondos del sistema de apoyo al cine, así como con una mayor cuota de pantalla y medidas para incentivar la exhibición de producciones en catalán en salas comerciales.
Los cines se verán obligados a programar un mínimo del 15% de sus sesiones en catalán (y resto de lenguas oficiales en sus respectivas comunidades) para poder acceder a determinadas ayudas públicas. En cuanto a las subvenciones, se eleva el límite de las ayudas públicas hasta el 80% del coste de producción para aquellas películas que sean rodadas en catalán y se elevan las deducciones fiscales a las que las productoras podrán acceder incluso de forma anticipada durante el rodaje.
El resto de partidos nacionalistas, desde BNG a PNV, han mostrado su satisfacción con la norma, si bien consideran que existen carencias —como la definición de productor independiente— que pueden corregirse mediante enmiendas parciales.
El Partido Popular justifica su enmienda a la totalidad del texto en la necesidad de crear un proyecto nuevo. La diputada popular Sol Cruz Guzmán reprochó a Urtasun que haya tardado tres años en impulsar la Ley del Cine, además de sugerir que el texto llega al Congreso en un contexto de «escándalos» y «fin de ciclo».
Guzmán defiende la necesidad de impulsar una ley «ambiciosa» para el cine español, al que ha definido como elemento de cohesión cultural del país, tendiendo la mano a los grupos y al propio sector cinematográfico para negociar un texto «desde cero».
Vox va más allá y acusa al ministro Urtasun de presentar una norma «prácticamente idéntica» a la impulsada por el anterior titular de Cultura, Miquel Iceta. El diputado José Ramírez del Río considera que presentarla de nuevo es un «sabotaje al sector». «En 2025 se estrenaron 727 películas españolas, de las que 106 no llegaron a recaudar. Gran parte de esas 106, las llamadas ‘películas fantasma’, no llegaron a recaudar ni 100 euros en taquilla. Solo 28 superaron los 100.000 euros en taquilla, mientras que el Gobierno socialista gastaba 250 millones de euros en subvenciones».
En cuanto a los apoyos de última hora, Vox considera que el proyecto de Urtasun responde a «compromisos políticos adquiridos por el Gobierno con sus socios separatistas, especialmente en materia de promoción lingüística». Ramírez del Río muestra el rechazo de su partido a que las lenguas cooficiales sean utilizadas «como instrumentos de confrontación política o como mecanismo para canalizar recursos públicos hacia proyectos con escasa viabilidad comercial y orientados fundamentalmente a la propaganda ideológica».
Entre los aspectos más criticados por Vox figura la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un nuevo organismo que asumiría funciones ya desempeñadas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).
El ministro Urtasun compara las propuestas de la formación de Santiago Abascal con las del presidente argentino Javier Milei, a quien acusa de haber impulsado políticas de recorte y desmantelamiento de instituciones culturales, como el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) argentino.
Urtasun se mostró especialmente crítico con las acusaciones de legislar en una supuesta «cultura de la subvención», defendiendo que las políticas públicas de apoyo al cine existen en toda la Unión Europea. «Cuando uno escucha hablar de una supuesta cultura de la subvención, podría imaginar a un sector dependiente, estancado o incapaz de competir por sí mismo. Pero la realidad que tenemos delante es exactamente la contraria», señaló Urtasun antes de enviar al Senado un proyecto que espera ver convertido en ley antes de que finalice el año.
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